La Coordinadora de Inmigrantes de Navarra han solicitado a los diferentes grupos parlamentarios que se garantice de forma "inapelable" el empadronamiento de todas las personas que residan habitualmente en la Comunidad foral como vía de acceso a los "derechos básicos universales", y que haya un posicionamiento favorable y conjunto de asegurar "los derechos básicos universales de todas y todos los ciudadanos independientemente de su condición jurídica y de la documentación que posean" (con o sin papeles).
Una manera de conseguirlo es que el Parlamento o Gobierno "vigile" para que todos los ayuntamientos cumplan la ley en materia de empadronamiento.
En una sesión de trabajo con la comisión de Relaciones Institucionales del Parlamento foral exigen también a la Cámara que lidere, junto a las organizaciones de inmigrantes y para inmigrantes, y con el resto de la sociedad civil navarra, la firma de un "pacto por la inmigración" que contemple diferentes aspectos. Por un lado, este espacio debe servir para el fomento de políticas de convivencia y respeto, "en procesos de largo plazo y no mediatizados por procesos electorales". Asimismo, quieren que impida la "utilización" del tema de la inmigración en época electoral por parte de los partidos políticos y la regulación del tratamiento de los temas de inmigración en los medios de comunicación (código deontológico).
Piden además que los legisladores forales impidan la creación en Navarra de un Centro de Internamiento de Extranjeros.
Por otro lado, las asociaciones que integran esta plataforma trasladaron su posición entorno a la "cuarta reforma" de la ley de Extranjería, recién aprobada por el Gobierno estatal y cuya aplicación afecta en Navarra a más de 70.000 personas.
Finalmente, se pide que se estudie por parte de los servicios jurídicos del Parlamento la posible inconstitucionalidad de algunos puntos de la Ley Orgánica 2/2009 (Extranjería) de 11 de diciembre, como el que hace referencia al derecho a la educación. La actual legislación de extranjería reconoce a todas las personas extranjeras menores de 18 años el derecho a acceder a la educación básica, gratuita y obligatoria en "las mismas condiciones que los españoles". Limita, sin embargo -añaden- el acceso a la educación no obligatoria sólo a los extranjeros residentes, excluyendo a los no residentes. "Esta limitación fue considerada por el Tribunal Constitucional contraria a la Constitución española en su sentencia 236/2007", exponen. El Consejo de Estado, además, ha recomendado al Gobierno que "debía suprimirse la exigencia de residencia de la redacción".
